Wednesday, March 29, 2006

::: DECLARACION :::

RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA

DECLARACIÓN ANTE EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DE LA
LEY DE INMIGRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS


Se ha iniciado en el Senado del Congreso de los Estados Unidos el debate en torno a las reformas a la Ley de Inmigración. Por un lado, llega por conducto del Senador Frist el proyecto anti-inmigrantes que, a propuesta del Representante Sensenbrenner, fuera aprobado en la Casa de Representantes como ley HR 4437. Tambien llegan los plantamientos del Presidente Bush, quien se manifiesta a favor de un programa de trabajadores temporales; pero sin oportunidades de ningún tipo para los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en este país. Por otro lado, los Senadores McCain y Kennedy siguen proponiendo con fuerza su proyecto, que considera la regularización de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Por su parte, las comunidades de inmigrantes, en particular las comunidades latinas en los Estados Unidos, con el apoyo de la Iglesia Católica, otras Iglesias y organizaciones religiosas, organizaciones de trabajadores, ONGs y muchísimos sectores más, se manifiestan en estos días en las calles de más de 50 ciudades de este país para exigir un trato humanitario a todo tipo de inmigrantes y una ley inmigratoria justa. Estas luchas empiezan a ser acompañadas desde nuestros países, reclamando derechos básicos para nuestros inmigrantes y acciones más firmes de nuestros gobiernos en su defensa.

Al día de hoy, se ha logrado una victoria parcial para los inmigrantes, al haberse aprobado en el Comité Judicial del Senado, con el voto favorable de Demócratas y Republicanos, disposiciones que se orientan a una reforma migratoria justa. No obstante, el debate por delante es aún muy largo y la lucha de los inmigrantes y quienes los apoyan debe aumentar y fortalecerse.

Ante esta situación, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) declara:

1. Su total rechazo a las reformas a la ley de inmigración y leyes federales o estatales que sean esencialmente violatorias de los derechos humanos y de carácter anti-inmigrante, como son todas aquéllas que intentan criminalizar a los inmigrantes indocumentados y a quienes los apoyan, construir “muros de infamia” para evitar el acceso al país, convertir a los trabajadores indocumentados en ciudadanos de tercera categoría o autorizar grupos de “vigilantes” para su persecución y hostigamiento.

2. Su apoyo a las reformas a la ley de inmigración que tengan un enfoque profundamente humano del fenómeno de la inmigración, reconociendo que los trabajadores indocumentados han sido un factor necesario en los Estados Unidos, desempeñan funciones esenciales para la economía del país, son un resultado de la ley de la oferta y la demanda de mano de obra y constituyen flujos de población que, aunque son necesarios en nuestros países, carecen de las más mínimas oportunidades para subsistir en sus tierras y mucho menos para acceder al desarrollo integral al que todo ser humano tiene derecho. La regularización de los trabajadores indocumentados que ya se encuentran en los Estados Unidos es una obligación moral e histórica.

3. Entre los aspectos humanos que toda ley de inmigración debe tener están: la garantía del pleno respeto de los derechos humanos fundamentales de los inmigrantes, incluido el derecho al debido proceso; el reconocimiento del enorme valor de la unidad familiar para las personas, las familias y la sociedad; la concesión de oportunidades, sin discriminación alguna, a los inmigrantes indocumentados y, con mayor razón, a sus hijos e hijas; y el respeto pleno a los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud, que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

4. Consideramos que es esencial fortalecer en la ley de inmigración toda consideración de carácter humanitario, tal como el Estátus de Protección Temporal (TPS) a los nacionales de países que hayan sufrido desastres o conflicto armado, a fin de evitar el agravamiento de las condiciones en dicho país con la deportación de sus nacionales del suelo estadounidense. En este sentido, casos como el de Guatemala, recientemente castigado por el Huracán Stan, debiesen merecer una respuesta positiva y pronta, sin excusas de carácter político. De lo contrario, se convierten en un ejemplo claro de discriminación.

5. De manera modesta pero con todo vigor y entusiasmo nos sumamos a todos los esfuerzos que hoy realizan los trabajadores indocumentados y los millones de personas que los apoyan a lo largo y ancho de los Estados Unidos para exigir una reforma migratoria justa y humana, a lo largo de las líneas planteadas por los Senadores McCain y Kennedy. Cada uno de nuestros miembros se sumará, en la medida de sus posibilidades, a las campañas de cartas, llamadas telefónicas, concentraciones y marchas que sean convocadas a nivel local, estatal y nacional, así como a las labores de cabildeo y de convencimiento de personas estadounidenses individuales para contar con el mayor apoyo posible.

6. Reconocemos las labores que nuestros compatriotas realizan desde Guatemala, tal como la iniciativa del Movimiento Tzuk-Kim-Pop en el altiplano guatemalteco y las acciones de la MENAMIG, para sensibilizar a la población de nuestro país con respecto a las propuestas de reformas a la ley de inmigración en los Estados Unidos. Apoyamos esos esfuerzos y la decisión de diversos sectores de exigir al Gobierno de Guatemala que, en lo individual y colectivamente con otros países afectados, vele apropiadamente por los intereses de los inmigrantes guatemaltecos en lo Estados Unidos, que, en última instancia, son los intereses del Estado de Guatemala. Pedimos al resto de nuestro Pueblo que acompañe estos esfuerzos con gran decisión.

Confiamos en que este momento de la historia de nuestro país marque el inicio de grandes convergencias nacionales para lograr el respeto de los derechos y el desarrollo de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, tanto en el interior de Guatemala como en otros países. Nuestro país, Guatemala, se merece un futuro mejor.

Estados Unidos, 29 de marzo de 2006.


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