: Estudio de la USAC Acerca de la Mineria :
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dirección General de Investigación
Oficina de Estudios de Coyuntura
25 mayo 2005
MINERÍA, CUESTIONA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Licda. Rossana Gómez
Investigadora
Expansión minera levanta preocupación
La globalización y la apertura de las economías, que comenzó en el país desde décadas atrás y facilitó el establecimiento de industrias extranjeras de exportación, favoreció también al capital minero trasnacional.
Tal y como lo planteó el ministro de Energía y Minas, Luis Ortiz Peláez, al ser interpelado por el Congreso de la República en marzo de este año, “las leyes que permiten, que facultan, que regulan la inversión en los temas de energía y en los temas de minería, están vigentes ya en Guatemala”, desde 1997, y apuntan hacia un proceso de libre comercialización y apertura de inversiones a empresas nacionales e internacionales. En este sentido, se refirió concretamente a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Ley de Minería y la Ley General de Electricidad.
Con este marco legal, y con los dictados de la bolsa de valores internacionales, la industria extractiva se colocó a las puertas de una expansión sin precedentes. Según la cartera, hay 116 licencias para industrias mineras metálicas (30 para explotación, 85 para exploración, 1 para reconocimiento), en trámite hay 85 licencias más (3 para explotación, 78 para exploración y 4 para reconocimiento). El fenómeno levanta la preocupación social por su impacto acumulativo sobre el medio ambiente.
Sectores como la iglesia católica, representada en la Conferencia Episcopal, plantearon en enero del 2005, que la decisión de convertir a Guatemala en un país minero “compromete el futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los guatemaltecos”. Plantean que, de continuarse con la explotación de metales a cielo abierto, se abatirá sobre Guatemala “una catástrofe ecológica de dimensiones imprevisibles”
De nuevo el tema obligado que se pone sobre la mesa es el de la responsabilidad del Estado de garantizar el bienestar común, frente a las nuevas dinámicas económicas basadas en la apertura a empresas muy poderosas, con capitales mayores a los asignados a un ministerio.
La preocupación en este sentido, se enfoca, por un lado, a la baja capacidad técnica y administrativa del Estado, evidenciada en el Foro de Minería de diciembre del 2004. Por otro lado, el movimiento social cuestiona el posicionamiento político del gobierno en favor del capital y su apuesta a la línea de modernización trazada por intereses privados.
Las incidencias alrededor de la aprobación del proyecto Marlin, resultan emblemáticas en cuanto al papel del Estado y la invisibilización de externalidades: el estudio de impacto ambiental del proyecto (EIA), no presenta riesgo alguno, ni aún en los factores más perjudiciales en la minería en todo el mundo, tales como, el agotamiento y contaminación del agua, el uso de cianuro y la generación de metales contaminantes de los residuos de roca. En teoría, el EIA, elaborado por la misma empresa, muestra una minería limpia. Así está planteado por la empresa, así fue aprobado por el gobierno de Alfonso Portillo, y así fue avalado por el Banco Mundial. Más aún, el actual gobierno, se lanza a la defensa oficiosa del proyecto, tal y como lo hizo el ministro de Energía y Minas durante su interpelación en el Congreso.
Impacto impredecible en el uso del agua
La tecnología que empleará Montana está basada en el uso de grandes cantidades de agua, que combinadas con cianuro, separan el oro y la plata de de la roca, mediante un proceso de lixiviación.
En el diseño de Marlin, el agua provendrá en un 85% de captación pluvial y el resto de un pozo perforado para tal efecto. Además, el líquido utilizado se reciclará varias veces.
Según el ministro, las primeras cuatro semanas, el proyecto usará 250 m3 por hora; pero posteriormente, en la etapa operativa, el consumo de agua será de 20 m3 a 30 m3 por hora. Del pozo se extraerá aproximadamente 70 galones por minuto, cantidad que, según el funcionario, cualquier pozo mecánico tiene la capacidad de producir, por lo que, concluye, no se tendrá “ningún impacto ni en las aguas superficiales ni en los mantos freáticos” presentes en esas comunidades.
Medir el impacto del proyecto sobre el agua, resulta difícil si no especulativo, dado que el país no cuenta con información sobre la cantidad de agua superficial y subterránea disponible antes del proyecto. Según el geólogo Robert Morán, quien hizo una revisión del proyecto Marlin, el EIA tampoco establece datos al respecto. Sin parámetros de punto de partida, es imposible medir impactos en cualquier variable de cualquier proyecto.
Por otra parte, diputados en el Congreso, cuestionaron el hecho de que el uso del agua no tendrá ningún costo para la empresa. Al respecto, el ministro se remitió al vacío en la legislación nacional y señaló que “en Guatemala lamentablemente, no se paga el uso del agua por ninguna industria, por ningún consumidor.”
Finalmente, en relación con el agua, cabe destacar otro problema, que genera la minería a cielo abierto al “limpiar” grandes extensiones de tierra: la reducción de la capacidad del suelo para captar lluvia.
En Canadá, la explotación subterránea requería hasta 1,700 hectáreas; en la actualidad, con la nueva minería, un proyecto puede excederse de 10,000 hectáreas.
La minería a cielo abierto, remueve toda la biosfera o capa con vida sobre la tierra para dejar terreno a las excavaciones, los caminos, el tendido eléctrico, los servicios y las instalaciones de tratamiento y transformación.
La remediación en estos modelos de minería debe preverse desde el inicio y no al final del proceso. Así, el suelo fértil que se descombra, debe guardarse adecuadamente para luego poder reutilizarlo. La siembra de nuevos árboles debe iniciarse anticipadamente y con especies locales.
No obstante, aún con estas previsiones, los daños provocados por 10 o 15 años de descombrado, aún en áreas sin bosques, tienen necesariamente impactos negativos, entre ellos, la reducción de la capacidad del suelo de captar agua, una mayor precipitación pluvial, derrumbes, sedimentación, erosión, inundaciones.
Los riesgos del cianuro
Un segundo factor de riesgo es el uso de cianuro, por las posibilidades de contaminación del agua, accidentes en el transporte del químico, la toxicidad que se genera en el proceso de purificación y peligros estructurales en cañerías y depósitos.
El cianuro puede absorberse por la piel, por inhalación o ingestión y puede causar, desde irritaciones leves, hasta la muerte por sofocación al bloquear la oxigenación de las células. En altas dosis en estado gaseoso, es su forma más letal.
Ambientalistas consideran que en bajas concentraciones, el cianuro no tiene implicaciones conocidas. La luz del sol, los ambientes con PH neutral y los microorganismos del suelo desintegran rápidamente el cianuro en partículas no tóxicas. La mayoría del cianuro presente en aguas provenientes de faenas mineras se desintegra y resulta en compuestos que no son nocivos. Existen pocos casos documentados de muertes por esta causa en las minas.
Sin embargo, estiman que para la precipitación del oro se requieren concentraciones peligrosas de cianuro, 2 mlg por litro de agua (0.1 es letal para la vida acuática). Además, siempre pueden haber otros compuestos cianúricos tóxicos que persistan en el ambiente y que se evidencien hasta tiempo después. Incluso, se considera que el procedimiento para neutralizar el cianuro (volatilización mediante hidróxido de sodio), puede generar algunos de estos compuestos tóxicos.
Es decir, siempre habrá contaminación, “todo depende de los estándares que acepte cada empresa y país.” No obstante, aún en el caso de las normativas más severas como las de Unión Europea, los estándares quedan por encima de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud.”
Morán en su revisión del EIA indica que el mismo, no presenta la composición química detallada de los efluentes de descontaminación del cianuro y su toxicidad para los organismos acuáticos. Tampoco presenta mediciones específicas, sobre la cantidad de lluvia en el sitio preciso de la mina, lo cual considera fundamental para determinar el diseño de estructuras ante posibles inundaciones en la planta y en los depósitos de material contaminante con cianuro o metales.
Según el gerente de Montana Milton Cabrera, el cianuro se reciclará y neutralizará muchas veces, para pasar finalmente a la planta de destrucción del químico y asegura, que no entrará en contacto con el ambiente ni con el manto freático. Por su parte, el ministro Ortiz Peláez, indica que el proyecto propone un manejo de este elemento, “que cumple con todos los estándares internacionales” y, agrega que se realizará la supervisión para el cumplimiento de esas reglas.
En la defensa del proyecto, Ortiz argumenta que sólo el 4% de la producción mundial de cianuro se utiliza en la industria minera; el 96% de toda la producción mundial se utiliza en otras actividades industriales,“ incluso, agrega, “la sal de cocina tiene un componente de cianuro.”
Finalmente, cabe señalar, un riesgo más en el uso de cianuro, independientemente del fin al que se destine: los derrames, que se producen aún con el manejo de los mejores estándares. (ver recuadro)
Es interesante señalar que en el estado de Montana, la ciudadanía logró en 1999 que se aprobara una ley que prohibió el desarrollo de nuevas minas por lixiviación a cielo abierto, luego de cerca de 50 derrames en ese estado. Costa Rica tampoco permite este tipo de minería.
Desprendimiento de metales contaminantes
El tercero y mayor factor de riesgo surge por el rompimiento de miles de toneladas de roca, que se acumulan como desperdicio o queda en las paredes del tajo de la mina. Esta roca deja expuestos sulfuros, que al entrar en contacto con aire y agua generan ácidos (Drenaje Ácido de la Mina -DAM-), los cuales posteriormente desprenden metales que son altamente contaminantes. Por efecto de la lluvia estos metales son empujados al suelo hasta llegar a las corrientes de agua, donde se resolidifican en el fondo, afectando la vida en este ambiente y contaminando las especies en la secuencia de la cadena alimenticia. También, los metales pueden evaporarse por acción del sol y flotar en el aire.
Los metales en los cuerpos vivos, en cantidades altas y por varios días pueden causar la muerte. En cantidades pequeñas se acumulan en los órganos y pueden provocar cáncer, entre otros diferentes tipo de trastornos. La contaminación del agua por metales es peor que la generada por productos químicos, pues estos tienen compuestos de carbono que finalmente se desintegran, los metales nunca lo hacen.
El proceso del DAM se inicia en un período de 1 a 10 años, en muchos casos después de cerrada la mina. Una vez iniciada su generación, no puede detenerse y empeora, pues hay una cadena de reacción en la que unos metales aceleran la de otros. En el agua, elevan la temperatura lo que provoca más reacciones. Mientras las rocas no se retiren del contacto con el agua y el aire se seguirán generando ácidos por siglos, hasta se que el material sulfúrico se disuelva completamente.
La roca compactada en su estado natural, no genera ácido.
Los tratamientos preventivos consisten en cubrir los desechos de roca con agua para que no entren en contacto con el aire; aislarlos del suelo; o bien mezclarlos o recubrirlos con material que neutralice este proceso, como roca alcalina. En algunos casos luego de neutralizado, se cubre de nuevo el suelo fértil y se siembra vegetación.
Estos tratamientos preventivos tienen costos altos; pero no hacerlos implica procesos mucho más complejos y onerosos a futuro, que si no los paga la empresa, los paga el país. El agua ya contaminada con metales, obliga a un tratamiento permanente y si se pretende resolver el problema en definitiva, se requiere volver nuevamente al punto inicial de vertederos de químicos y metales extraídos.
La minería a cielo abierto, producen 50 veces más deshechos que las minas subterráneas. El proyecto Marlin, según el ministro Ortiz, generará 60 millones de toneladas de roca de desperdicio. Pero, sostiene que tal y como lo plantea el EIA, el potencial de la mina para generar el DAM, es bajo.
Según Morán el EIA no tiene información sobre la composición química del mineral y la roca extraída y le faltan pruebas geoquímicas de la reactividad de la misma. Por otra parte, el geólogo cita datos de un informe que Glamis, presenta anualmente al gobierno de Estados Unidos, en el que establece que “mucha de la roca, es rica en sulfuro, por lo que la probabilidad de que haya emisión de ácidos es alta”.
El procedimiento que utilizará el proyecto para tratar la roca, será la compactación de la tierra. No se incautarán los residuos, no serán atrincherados y no tendrán sello o soporte bajo tierra. Según el Banco Mundial, la empresa no utilizará estos procedimientos por tratarse de una región montañosa, sin embargo, critica Morán que en otras partes del mundo de similares condiciones, se han utilizado estos sistemas más seguros.
No obstante, considera, junto a otros ambientalistas, que en este tema los riesgos persisten aún con la existencia de estudios geológicos más precisos y que las prevenciones nunca son suficientes. Aún poniendo geomembranas sintéticas que eviten la lixiviación hacia la tierra y manto freático, lo único que se logra es retarda este movimiento. No hay diseño seguro.
Otro problema, es que las explotaciones de una mina implican la apertura de pozos que dejan tajos abiertos y que al finalizar el trabajo de las compañías quedan expuestos y no se tratan al igual que las canchas de relave y rumas donde se deposita la roca extraída. Por otra parte, los explosivos utilizados para perforar el suelo pueden dejar residuos químicos en las paredes de las rocas, a veces más tóxicos que el cianuro.
Responsabilidad del Estado frente a compañías
El sistema de explotación de la minería a cielo abierto, utiliza más tecnología e implica menos trabajo y menos costos, permitiendo incorporar yacimientos (y países) con menas de baja ley, es decir de poca concentración de metal, y aún así seguir siendo económicos.
Los costos se transfieren al ambiente y los países receptores de estas inversiones. De allí la importancia de un Estado con capacidad de asegurar la preservación de los recursos y negociaciones justas.
El primer problema, en este sentido, es la disposición política del gobierno para garantizar intereses de país. Para lo cual, sería indispensable que se exigiera a las empresas mineras, EIA con el rigor técnico correspondiente. No puede haber vacíos de información en los temas fundamentales, como lo presenta el proyecto Marlin.
Morán considera que los estudios sobre los cuales el gobierno basó su decisión fueron totalmente inadecuados y concluye que su aprobación fue una decisión independiente de los resultados del EIA. En esta misma línea cuestiona que el BM, aprobara el financiamiento al proyecto, aún con los vacíos del estudio y sin haber realizado cierto tipo de pruebas que exige este organismo.
El segundo problema, es tomar como base de decisión, los EIA que preparan las mismas compañías interesadas. Se requerían estudios independientes y evaluaciones que no partan exclusivamente de la información que ofrece la empresa.
Según el ministro, le corresponde ahora al gobierno mantener un monitoreo durante la operación de la mina y para ello, afirma, se tiene personal capacitado, laboratorios del ministerio, la posibilidad de recurrir a laboratorios privados y el entrenamiento de países como Argentina.
Pero un tercer problema es cómo obligar a estas poderosas compañías, si previamente no se establecieron resguardos económicos ante el posible daño ambiental. En el estado de Montana un derrame de cianuro tuvo un costó de US$ 30 millones que se tenían en depósito, y se requirió de US$ 33.5 millones más. En otros casos algunas empresas, cuando deben incurrir en estos costos, se declaran en quiebra pues asumirlos le resta toda rentabilidad.
RECUADRO
RECIENTES DERRAMES DE CIANURO EN EL MUNDO
En enero del 2002, la compañía Minerales de Occidente, que explota oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras, descargó cerca de 300 galones de solución de cianuro en el Río Lara. Según la compañía el derrame fue ocasionado por la confusión de un operador con más de 2 años de experiencia, en el manejo de las válvulas. La solución tenía una concentración de 100 ml de cianuro por un litro de agua. Población local sostiene que ésta no es la primera vez que se descarga cianuro en el Río Lara, aunque es el primer caso que se documenta y que reconoció la compañía. En el primer día de limpieza, se encontraron cerca de 18,000 peces muertos a lo largo de 4.5 kilómetros. El Río Lara se une con el Río Higuito, la fuente del futuro proyecto de agua de la ciudad de Santa Rosa de Copan, con 28,000 habitantes.
En Rumanía en el 2,000 una falla en la represa que contenía desechos mineros (cianuro y metales pesados) provocó el derrame de estos contaminantes al río Tizsa. Murió un 40% de la vida acuática, se contaminó el agua potable para 2.5 millones de personas y el costo de la limpieza se estimó en US$ 250 millones.
En 1995, un desastre ecológico de gran escala ocurrió en la mina Omai, en Guyana, perteneciente a la empresa canadiense Cambior. Cuatro y medio millones de metros cúbicos de aguas residuales mineras altamente contaminadas con cianuro escaparon de un embalse hacia el río Essequibo. Ochenta kilómetros del río se declararon como una zona de desastre ambiental, se perdió la vida acuática y 50% de los residentes locales (en su mayoría indígenas) sufrieron algún tipo de impacto en su salud: desmayos, lesiones y erupciones. Se sospechan tres casos de envenenamiento mortal.
En 1988 un camión cargado de cianuro, derramó 1,762 gramos del químico al caer al río Barskoon en el país asiático de Kyrgyzstán y provocó la muerte de 2 personas y la hospitalización de 100 más. El gobierno hizo un reclamo de US$ 8.4 millones por daños ambientales.
PROHIBICIÓN DE USO DE CIANURO EN DIFERENTES REGIONES, 2004
PAÍS O REGIÓN AÑO DETERMINACIÓN
Turkía 1997 El consejo de Estado Turco prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Montana, Estados Unidos 1998 En todo el Estado se prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
República Checa 2000 En votación del Senado se prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Nueva Gales del Sur, Australia 2000 Propuesta popular exige prohibición de la producción de oro por lixiviación con cianuro. Aún no ha sido aprobada.
Cotacachi, Ecuador 2000 Ordenanza nacional declaró Cotacachi región ecológica prohibiendo actividades que puedan contaminarla así como prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Gunnison, Colorado, Estados Unidos 2001 Se estableció un código de enmienda que prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Costa Rica 2002 El presidente Pacheco definió una moratoria para la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Costilla, Colorado, Estados Unidos 2002 Se estableció un código de enmienda que prohibió la producción de oro y plata por lixiviación con cianuro y otros productos químicos tóxicos.
Alemania 2002 El parlamento decretó la prohibición de producción de oro por lixiviación con cianuro en enero 2002. Hizo un llamado a empresas y bancos a no invertir en minería de oro.
Provincia Chubut, Argentina 2003 Ley de la Provincia prohíbe la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Summit, Colorado, Estados Unidos 2004 La Comisión de Planificación de Summit pasó una resolución que prohíbe la producción de oro por lixiviación con cianuro en toda la zona del distrito.
Ref: EARTH WORKS
httm://rainforestinfo.org.au/gold/cyanide.htm
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Dirección General de Investigación
Oficina de Estudios de Coyuntura
25 mayo 2005
MINERÍA, CUESTIONA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Licda. Rossana Gómez
Investigadora
Expansión minera levanta preocupación
La globalización y la apertura de las economías, que comenzó en el país desde décadas atrás y facilitó el establecimiento de industrias extranjeras de exportación, favoreció también al capital minero trasnacional.
Tal y como lo planteó el ministro de Energía y Minas, Luis Ortiz Peláez, al ser interpelado por el Congreso de la República en marzo de este año, “las leyes que permiten, que facultan, que regulan la inversión en los temas de energía y en los temas de minería, están vigentes ya en Guatemala”, desde 1997, y apuntan hacia un proceso de libre comercialización y apertura de inversiones a empresas nacionales e internacionales. En este sentido, se refirió concretamente a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Ley de Minería y la Ley General de Electricidad.
Con este marco legal, y con los dictados de la bolsa de valores internacionales, la industria extractiva se colocó a las puertas de una expansión sin precedentes. Según la cartera, hay 116 licencias para industrias mineras metálicas (30 para explotación, 85 para exploración, 1 para reconocimiento), en trámite hay 85 licencias más (3 para explotación, 78 para exploración y 4 para reconocimiento). El fenómeno levanta la preocupación social por su impacto acumulativo sobre el medio ambiente.
Sectores como la iglesia católica, representada en la Conferencia Episcopal, plantearon en enero del 2005, que la decisión de convertir a Guatemala en un país minero “compromete el futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los guatemaltecos”. Plantean que, de continuarse con la explotación de metales a cielo abierto, se abatirá sobre Guatemala “una catástrofe ecológica de dimensiones imprevisibles”
De nuevo el tema obligado que se pone sobre la mesa es el de la responsabilidad del Estado de garantizar el bienestar común, frente a las nuevas dinámicas económicas basadas en la apertura a empresas muy poderosas, con capitales mayores a los asignados a un ministerio.
La preocupación en este sentido, se enfoca, por un lado, a la baja capacidad técnica y administrativa del Estado, evidenciada en el Foro de Minería de diciembre del 2004. Por otro lado, el movimiento social cuestiona el posicionamiento político del gobierno en favor del capital y su apuesta a la línea de modernización trazada por intereses privados.
Las incidencias alrededor de la aprobación del proyecto Marlin, resultan emblemáticas en cuanto al papel del Estado y la invisibilización de externalidades: el estudio de impacto ambiental del proyecto (EIA), no presenta riesgo alguno, ni aún en los factores más perjudiciales en la minería en todo el mundo, tales como, el agotamiento y contaminación del agua, el uso de cianuro y la generación de metales contaminantes de los residuos de roca. En teoría, el EIA, elaborado por la misma empresa, muestra una minería limpia. Así está planteado por la empresa, así fue aprobado por el gobierno de Alfonso Portillo, y así fue avalado por el Banco Mundial. Más aún, el actual gobierno, se lanza a la defensa oficiosa del proyecto, tal y como lo hizo el ministro de Energía y Minas durante su interpelación en el Congreso.
Impacto impredecible en el uso del agua
La tecnología que empleará Montana está basada en el uso de grandes cantidades de agua, que combinadas con cianuro, separan el oro y la plata de de la roca, mediante un proceso de lixiviación.
En el diseño de Marlin, el agua provendrá en un 85% de captación pluvial y el resto de un pozo perforado para tal efecto. Además, el líquido utilizado se reciclará varias veces.
Según el ministro, las primeras cuatro semanas, el proyecto usará 250 m3 por hora; pero posteriormente, en la etapa operativa, el consumo de agua será de 20 m3 a 30 m3 por hora. Del pozo se extraerá aproximadamente 70 galones por minuto, cantidad que, según el funcionario, cualquier pozo mecánico tiene la capacidad de producir, por lo que, concluye, no se tendrá “ningún impacto ni en las aguas superficiales ni en los mantos freáticos” presentes en esas comunidades.
Medir el impacto del proyecto sobre el agua, resulta difícil si no especulativo, dado que el país no cuenta con información sobre la cantidad de agua superficial y subterránea disponible antes del proyecto. Según el geólogo Robert Morán, quien hizo una revisión del proyecto Marlin, el EIA tampoco establece datos al respecto. Sin parámetros de punto de partida, es imposible medir impactos en cualquier variable de cualquier proyecto.
Por otra parte, diputados en el Congreso, cuestionaron el hecho de que el uso del agua no tendrá ningún costo para la empresa. Al respecto, el ministro se remitió al vacío en la legislación nacional y señaló que “en Guatemala lamentablemente, no se paga el uso del agua por ninguna industria, por ningún consumidor.”
Finalmente, en relación con el agua, cabe destacar otro problema, que genera la minería a cielo abierto al “limpiar” grandes extensiones de tierra: la reducción de la capacidad del suelo para captar lluvia.
En Canadá, la explotación subterránea requería hasta 1,700 hectáreas; en la actualidad, con la nueva minería, un proyecto puede excederse de 10,000 hectáreas.
La minería a cielo abierto, remueve toda la biosfera o capa con vida sobre la tierra para dejar terreno a las excavaciones, los caminos, el tendido eléctrico, los servicios y las instalaciones de tratamiento y transformación.
La remediación en estos modelos de minería debe preverse desde el inicio y no al final del proceso. Así, el suelo fértil que se descombra, debe guardarse adecuadamente para luego poder reutilizarlo. La siembra de nuevos árboles debe iniciarse anticipadamente y con especies locales.
No obstante, aún con estas previsiones, los daños provocados por 10 o 15 años de descombrado, aún en áreas sin bosques, tienen necesariamente impactos negativos, entre ellos, la reducción de la capacidad del suelo de captar agua, una mayor precipitación pluvial, derrumbes, sedimentación, erosión, inundaciones.
Los riesgos del cianuro
Un segundo factor de riesgo es el uso de cianuro, por las posibilidades de contaminación del agua, accidentes en el transporte del químico, la toxicidad que se genera en el proceso de purificación y peligros estructurales en cañerías y depósitos.
El cianuro puede absorberse por la piel, por inhalación o ingestión y puede causar, desde irritaciones leves, hasta la muerte por sofocación al bloquear la oxigenación de las células. En altas dosis en estado gaseoso, es su forma más letal.
Ambientalistas consideran que en bajas concentraciones, el cianuro no tiene implicaciones conocidas. La luz del sol, los ambientes con PH neutral y los microorganismos del suelo desintegran rápidamente el cianuro en partículas no tóxicas. La mayoría del cianuro presente en aguas provenientes de faenas mineras se desintegra y resulta en compuestos que no son nocivos. Existen pocos casos documentados de muertes por esta causa en las minas.
Sin embargo, estiman que para la precipitación del oro se requieren concentraciones peligrosas de cianuro, 2 mlg por litro de agua (0.1 es letal para la vida acuática). Además, siempre pueden haber otros compuestos cianúricos tóxicos que persistan en el ambiente y que se evidencien hasta tiempo después. Incluso, se considera que el procedimiento para neutralizar el cianuro (volatilización mediante hidróxido de sodio), puede generar algunos de estos compuestos tóxicos.
Es decir, siempre habrá contaminación, “todo depende de los estándares que acepte cada empresa y país.” No obstante, aún en el caso de las normativas más severas como las de Unión Europea, los estándares quedan por encima de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud.”
Morán en su revisión del EIA indica que el mismo, no presenta la composición química detallada de los efluentes de descontaminación del cianuro y su toxicidad para los organismos acuáticos. Tampoco presenta mediciones específicas, sobre la cantidad de lluvia en el sitio preciso de la mina, lo cual considera fundamental para determinar el diseño de estructuras ante posibles inundaciones en la planta y en los depósitos de material contaminante con cianuro o metales.
Según el gerente de Montana Milton Cabrera, el cianuro se reciclará y neutralizará muchas veces, para pasar finalmente a la planta de destrucción del químico y asegura, que no entrará en contacto con el ambiente ni con el manto freático. Por su parte, el ministro Ortiz Peláez, indica que el proyecto propone un manejo de este elemento, “que cumple con todos los estándares internacionales” y, agrega que se realizará la supervisión para el cumplimiento de esas reglas.
En la defensa del proyecto, Ortiz argumenta que sólo el 4% de la producción mundial de cianuro se utiliza en la industria minera; el 96% de toda la producción mundial se utiliza en otras actividades industriales,“ incluso, agrega, “la sal de cocina tiene un componente de cianuro.”
Finalmente, cabe señalar, un riesgo más en el uso de cianuro, independientemente del fin al que se destine: los derrames, que se producen aún con el manejo de los mejores estándares. (ver recuadro)
Es interesante señalar que en el estado de Montana, la ciudadanía logró en 1999 que se aprobara una ley que prohibió el desarrollo de nuevas minas por lixiviación a cielo abierto, luego de cerca de 50 derrames en ese estado. Costa Rica tampoco permite este tipo de minería.
Desprendimiento de metales contaminantes
El tercero y mayor factor de riesgo surge por el rompimiento de miles de toneladas de roca, que se acumulan como desperdicio o queda en las paredes del tajo de la mina. Esta roca deja expuestos sulfuros, que al entrar en contacto con aire y agua generan ácidos (Drenaje Ácido de la Mina -DAM-), los cuales posteriormente desprenden metales que son altamente contaminantes. Por efecto de la lluvia estos metales son empujados al suelo hasta llegar a las corrientes de agua, donde se resolidifican en el fondo, afectando la vida en este ambiente y contaminando las especies en la secuencia de la cadena alimenticia. También, los metales pueden evaporarse por acción del sol y flotar en el aire.
Los metales en los cuerpos vivos, en cantidades altas y por varios días pueden causar la muerte. En cantidades pequeñas se acumulan en los órganos y pueden provocar cáncer, entre otros diferentes tipo de trastornos. La contaminación del agua por metales es peor que la generada por productos químicos, pues estos tienen compuestos de carbono que finalmente se desintegran, los metales nunca lo hacen.
El proceso del DAM se inicia en un período de 1 a 10 años, en muchos casos después de cerrada la mina. Una vez iniciada su generación, no puede detenerse y empeora, pues hay una cadena de reacción en la que unos metales aceleran la de otros. En el agua, elevan la temperatura lo que provoca más reacciones. Mientras las rocas no se retiren del contacto con el agua y el aire se seguirán generando ácidos por siglos, hasta se que el material sulfúrico se disuelva completamente.
La roca compactada en su estado natural, no genera ácido.
Los tratamientos preventivos consisten en cubrir los desechos de roca con agua para que no entren en contacto con el aire; aislarlos del suelo; o bien mezclarlos o recubrirlos con material que neutralice este proceso, como roca alcalina. En algunos casos luego de neutralizado, se cubre de nuevo el suelo fértil y se siembra vegetación.
Estos tratamientos preventivos tienen costos altos; pero no hacerlos implica procesos mucho más complejos y onerosos a futuro, que si no los paga la empresa, los paga el país. El agua ya contaminada con metales, obliga a un tratamiento permanente y si se pretende resolver el problema en definitiva, se requiere volver nuevamente al punto inicial de vertederos de químicos y metales extraídos.
La minería a cielo abierto, producen 50 veces más deshechos que las minas subterráneas. El proyecto Marlin, según el ministro Ortiz, generará 60 millones de toneladas de roca de desperdicio. Pero, sostiene que tal y como lo plantea el EIA, el potencial de la mina para generar el DAM, es bajo.
Según Morán el EIA no tiene información sobre la composición química del mineral y la roca extraída y le faltan pruebas geoquímicas de la reactividad de la misma. Por otra parte, el geólogo cita datos de un informe que Glamis, presenta anualmente al gobierno de Estados Unidos, en el que establece que “mucha de la roca, es rica en sulfuro, por lo que la probabilidad de que haya emisión de ácidos es alta”.
El procedimiento que utilizará el proyecto para tratar la roca, será la compactación de la tierra. No se incautarán los residuos, no serán atrincherados y no tendrán sello o soporte bajo tierra. Según el Banco Mundial, la empresa no utilizará estos procedimientos por tratarse de una región montañosa, sin embargo, critica Morán que en otras partes del mundo de similares condiciones, se han utilizado estos sistemas más seguros.
No obstante, considera, junto a otros ambientalistas, que en este tema los riesgos persisten aún con la existencia de estudios geológicos más precisos y que las prevenciones nunca son suficientes. Aún poniendo geomembranas sintéticas que eviten la lixiviación hacia la tierra y manto freático, lo único que se logra es retarda este movimiento. No hay diseño seguro.
Otro problema, es que las explotaciones de una mina implican la apertura de pozos que dejan tajos abiertos y que al finalizar el trabajo de las compañías quedan expuestos y no se tratan al igual que las canchas de relave y rumas donde se deposita la roca extraída. Por otra parte, los explosivos utilizados para perforar el suelo pueden dejar residuos químicos en las paredes de las rocas, a veces más tóxicos que el cianuro.
Responsabilidad del Estado frente a compañías
El sistema de explotación de la minería a cielo abierto, utiliza más tecnología e implica menos trabajo y menos costos, permitiendo incorporar yacimientos (y países) con menas de baja ley, es decir de poca concentración de metal, y aún así seguir siendo económicos.
Los costos se transfieren al ambiente y los países receptores de estas inversiones. De allí la importancia de un Estado con capacidad de asegurar la preservación de los recursos y negociaciones justas.
El primer problema, en este sentido, es la disposición política del gobierno para garantizar intereses de país. Para lo cual, sería indispensable que se exigiera a las empresas mineras, EIA con el rigor técnico correspondiente. No puede haber vacíos de información en los temas fundamentales, como lo presenta el proyecto Marlin.
Morán considera que los estudios sobre los cuales el gobierno basó su decisión fueron totalmente inadecuados y concluye que su aprobación fue una decisión independiente de los resultados del EIA. En esta misma línea cuestiona que el BM, aprobara el financiamiento al proyecto, aún con los vacíos del estudio y sin haber realizado cierto tipo de pruebas que exige este organismo.
El segundo problema, es tomar como base de decisión, los EIA que preparan las mismas compañías interesadas. Se requerían estudios independientes y evaluaciones que no partan exclusivamente de la información que ofrece la empresa.
Según el ministro, le corresponde ahora al gobierno mantener un monitoreo durante la operación de la mina y para ello, afirma, se tiene personal capacitado, laboratorios del ministerio, la posibilidad de recurrir a laboratorios privados y el entrenamiento de países como Argentina.
Pero un tercer problema es cómo obligar a estas poderosas compañías, si previamente no se establecieron resguardos económicos ante el posible daño ambiental. En el estado de Montana un derrame de cianuro tuvo un costó de US$ 30 millones que se tenían en depósito, y se requirió de US$ 33.5 millones más. En otros casos algunas empresas, cuando deben incurrir en estos costos, se declaran en quiebra pues asumirlos le resta toda rentabilidad.
RECUADRO
RECIENTES DERRAMES DE CIANURO EN EL MUNDO
En enero del 2002, la compañía Minerales de Occidente, que explota oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras, descargó cerca de 300 galones de solución de cianuro en el Río Lara. Según la compañía el derrame fue ocasionado por la confusión de un operador con más de 2 años de experiencia, en el manejo de las válvulas. La solución tenía una concentración de 100 ml de cianuro por un litro de agua. Población local sostiene que ésta no es la primera vez que se descarga cianuro en el Río Lara, aunque es el primer caso que se documenta y que reconoció la compañía. En el primer día de limpieza, se encontraron cerca de 18,000 peces muertos a lo largo de 4.5 kilómetros. El Río Lara se une con el Río Higuito, la fuente del futuro proyecto de agua de la ciudad de Santa Rosa de Copan, con 28,000 habitantes.
En Rumanía en el 2,000 una falla en la represa que contenía desechos mineros (cianuro y metales pesados) provocó el derrame de estos contaminantes al río Tizsa. Murió un 40% de la vida acuática, se contaminó el agua potable para 2.5 millones de personas y el costo de la limpieza se estimó en US$ 250 millones.
En 1995, un desastre ecológico de gran escala ocurrió en la mina Omai, en Guyana, perteneciente a la empresa canadiense Cambior. Cuatro y medio millones de metros cúbicos de aguas residuales mineras altamente contaminadas con cianuro escaparon de un embalse hacia el río Essequibo. Ochenta kilómetros del río se declararon como una zona de desastre ambiental, se perdió la vida acuática y 50% de los residentes locales (en su mayoría indígenas) sufrieron algún tipo de impacto en su salud: desmayos, lesiones y erupciones. Se sospechan tres casos de envenenamiento mortal.
En 1988 un camión cargado de cianuro, derramó 1,762 gramos del químico al caer al río Barskoon en el país asiático de Kyrgyzstán y provocó la muerte de 2 personas y la hospitalización de 100 más. El gobierno hizo un reclamo de US$ 8.4 millones por daños ambientales.
PROHIBICIÓN DE USO DE CIANURO EN DIFERENTES REGIONES, 2004
PAÍS O REGIÓN AÑO DETERMINACIÓN
Turkía 1997 El consejo de Estado Turco prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Montana, Estados Unidos 1998 En todo el Estado se prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
República Checa 2000 En votación del Senado se prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Nueva Gales del Sur, Australia 2000 Propuesta popular exige prohibición de la producción de oro por lixiviación con cianuro. Aún no ha sido aprobada.
Cotacachi, Ecuador 2000 Ordenanza nacional declaró Cotacachi región ecológica prohibiendo actividades que puedan contaminarla así como prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Gunnison, Colorado, Estados Unidos 2001 Se estableció un código de enmienda que prohibió la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Costa Rica 2002 El presidente Pacheco definió una moratoria para la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Costilla, Colorado, Estados Unidos 2002 Se estableció un código de enmienda que prohibió la producción de oro y plata por lixiviación con cianuro y otros productos químicos tóxicos.
Alemania 2002 El parlamento decretó la prohibición de producción de oro por lixiviación con cianuro en enero 2002. Hizo un llamado a empresas y bancos a no invertir en minería de oro.
Provincia Chubut, Argentina 2003 Ley de la Provincia prohíbe la producción de oro por lixiviación con cianuro.
Summit, Colorado, Estados Unidos 2004 La Comisión de Planificación de Summit pasó una resolución que prohíbe la producción de oro por lixiviación con cianuro en toda la zona del distrito.
Ref: EARTH WORKS
httm://rainforestinfo.org.au/gold/cyanide.htm
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posted by Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala at 7:54 AM
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