- Solidaridad con Guatemala -
Su Excelencia
Lic. Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Guatemala Ciudad
Guatemala, C.A.
Fax: +502-2239 0090/ 2221 4537
Sr. Jorge Antonio García Chiu
Viceministro de Energía y Minas
República de Guatemala
Diagonal 17, 29-78, Zona 11, Las Charcas
Fax. +502-2476-3175
Viceministerio2@mem.gob.gt
Señores,
Enterados de los resultados de la consulta sobre minería en Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, que se efectuó el día 18 de junio de 2005, la Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala con NIF G-58768805 representada por Consol Camí Adell, con DNI número 43 396 571 X, deseamos respaldar, ante y con la comunidad internacional, los resultados de la consulta democrática realizada en Sipacapa, y pedir al Gobierno que los respete. Ante todo, saludamos la expresión pacífica, informada y de buena fe, de la voluntad de la población afectada por el proyecto minero. Reconocemos que la asamblea se desarrolló sin mayor incidente después que las autoridades locales y comunitarias exigieron que se retiraran los elementos antimotines y la policía por ser una provocación innecesaria, siendo los alcaldes auxiliares y otros líderes locales los que mantuvieron el orden.
Consideramos que en el proceso de establecimiento del Proyecto Marlín, tanto el gobierno guatemalteco como la empresa Montana han violado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa e informada según Convenio 169 OIT. El rechazo al proyecto fue confirmado ya en el año 2004 por una encuesta realizada por Vox Latina en nombre de Prensa Libre, donde más del 90% de la población local en San Marcos rechazaba la actividad minera a cielo abierto en sus terrenos.
Compartimos plenamente la gran preocupación de las comunidades de San Marcos ante el hecho de que el Proyecto Marlín amenaza violar sus derechos básicos como el derecho a la alimentación, al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Además, no es entendible por qué la CFI ha concedido un crédito de 45 millones de dólares a la empresa Montana pocos meses después de la publicación del informe “Revisión de Industrias Extractivas” del Sr. Emil Salim, cuya conclusión destaca que el fomento a proyectos extractivos por el BM-CFI ha perjudicado muchas veces la lucha contra la pobreza.
Nos consta que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha revocado la suspensión provisional de la consulta emitida por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Civil, que había dado trámite al recurso de amparo interpuesto por la empresa Montana Exploradora. Consideramos que la decisión era "completamente irregular", ya que el tribunal no tomó las dos semanas habituales para revisar el tema.
Nos consta igualmente que la Corte de Constitucionalidad dió validez a la consulta y dejó sin efecto el Recurso de Amparo interpuesto, citando el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y el artículo 65 del Código Municipal. Por lo tanto, estamos convencidos de que la consulta fue un hecho legal que está respaldado además por el artículo 66 numeral 2 del Código Municipal y el artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y se ampara también en la Constitución Política (Arts. 66, 97, 140, 141 y 253 referente a la Autonomía Municipal), en la Ley de Descentralización (Art.18), en el Código Municipal (Arts. 35 y 65) y en el citado Convenio 169 de la OIT (Arts. 6-15), ratificado por Guatemala, que obliga a los Estados a realizar consulta a los pueblos indígenas sobre aquellos asuntos que les puedan afectar.
Sabemos que a pesar de la campaña de desinformación montada por la empresa Montana, la Consulta se realizó sin contratiempos en las trece aldeas del Municipio siendo organizada por el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE y los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE, con la participación de setenta y cinco (75) observadores nacionales e internacionales; obteniendo los siguientes resultados: dos mil cuatrocientas ochenta y seis (2486) ciudadanos se oponen a la explotación minera en su municipio, treinta y cinco (35) ciudadanos están a favor de la explotación, treinta y dos (32) ciudadanos se abstuvieron de votar y un (1) ciudadano votó en blanco. Estos resultados evidencian que el 99% de la población participante está en contra de la explotación minera. Por todo lo anterior, la consulta debe ser vinculante.
Lamentamos los intentos de la Exploradora Montana y la Corporación Municipal, para desinformar a la población de Sipacapa el día anterior a la consulta, sobre la presunta suspensión de la misma. El 17 de junio utilizando niños de las aldeas, Montana distribuyó volantes, no firmados, informando que la consulta había sido suspendida; además varias radios emitieron esa información y la Corporación Municipal, utilizando la ambulancia del municipio y altoparlante, hizo propaganda de la presunta suspensión. Denunciamos además los serios señalamientos y presiones por parte de la empresa Montana, según informaciones varias de prensa. Es alarmante el ataque intimidante contra la libertad de expresión de la radio “Sipa Estereo” que ha recibido amenazas, avisando que se quemará la radio en venganza por su apoyo en la comunicación entre comunidades a lo largo del día 18 de junio. Nos preocupa que incluso algunos dirigentes sociales que se oponen a la explotación minera en su municipio expresaron haber sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte. Creemos que cualquier institución o empresa extranjera que actúa en territorio guatemalteco debe respetar los derechos humanos de la población.
Estamos muy preocupados sobre la información de que varios ministros en San Marcos hayan tratado de convencer a los alcaldes para que no se involucren en la resistencia contra la minería, amenazando con condicionar la ayuda financiera para las alcaldías a la postura municipal frente al Proyecto Marlín. Esperamos que estos intentos de intimidación hayan sido accidentales y que durante el gabinete móvil en San Marcos en septiembre se confirme la libertad de expresión garantizada en las leyes arriba mencionadas.
Recordamos que el día 21 el Consejo Municipal se comprometió a asumir la decisión del pueblo de Sipacapa y a acompañar a las autoridades comunitarias en sus demandas e impulsar todas las acciones necesarias para que sean respetadas. Cabe destacar algunas de las demandas recogidas en el punto Cuatro del Acta Municipal no. 16-2005, levantada en la Asamblea: A petición de los habitantes del municipio se establece que las autoridades municipales deben establecer los límites de nuestro municipio, reconocer los astilleros municipales, que las oficinas de Montana sean retiradas de este municipio hoy mismo... que los maestros de todas las comunidades financiados por Montana sean retirados... .
Para concluir, consideramos que la población de Sipacapa ejerció el Estado de Derecho de manera cívica y responsable, decisión que es respaldada por el pueblo guatemalteco en general y debe ser respetada por el Gobierno de Guatemala.
Por todo esto, manifestamos nuestro apoyo al pueblo de Sipacapa y su contundente decisión tomada en legítima consulta, y pedimos a las autoridades que respeten las demandas expresadas en ésta:
a) Al Consejo Municipal, que cumpla con los compromisos asumidos el día 21 de junio y que asuma las peticiones de los habitantes de su municipio.
b) A las autoridades nacionales que tomen las medidas necesarias para que la voluntad soberana del pueblo Sipacapense sea respetada - sobre todo al Ministerio de Energía y Minas y al Gobierno -, que se cancelen todas licencias mineras (de reconocimiento, exploración y explotación) dentro del territorio de Sipacapa, y que no otorguen ninguna otra licencia minera que pueda afectar al municipio.
c) A la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold Ltd., que automáticamente cese sus actividades en el municipio de Sipacapa y se retire de inmediato, ya que la actividad minera que realiza no cuenta con el aval de la población.
d) A la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que revise y cancele su crédito otorgado y ya desembolsado a la compañía Montana.
Atentamente,
Consol Camí Adell
DNI: 43 396 571 X
Presidenta de la Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala
NIF: G-58768805
Con copia para:
Sr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de Derechos Humanos (PDH)
12 Av, 12-72, Zona 1
Guatemala Ciudad
smorales@pdh.org.gt, malvarez@pdh.org.gt,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St., N.W.,
Washington D.C., U.S.A. 20006
Fax: +1-202-458-3992
cidhoea@oas.org
Organización Internacional de Trabajo (OIT):
Departamentos de Normas, y de Asuntos Jurídicos
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Suiza
normes@ilo.org, jur@ilo.org
OIT - Oficina regional para Centro América (Costa Rica)
Edificio D, 1er piso, Ofiplaza del Este
Barrio Betania, Rotonda de la Bandera 100 m. Oeste
San José, Costa Rica
10170-1000
sanjose@oit.or.cr , sanjose@sjo.oit.or.cr
Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
Persona de contacto:
Pablo Espiniella
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 08
indigenous@ohchr.org
Miloon Kothari
Relator Especial de la ONU para el derecho a la vivienda adecuada
Persona de contacto:
Cecilia Moller
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 10
cmoller@ohchr.org
Meg Taylor y Amar Inamdar
Ombudsmann de la Corporación Financiera Internacional (CFI-IFC)
World Bank Group
2121 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20433, United States of America
Fax. +1-202-522-7400
cao-compliance@ifc.org
ainamdar@ifc.org
EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA
Dirección: 6a. Calle 6-48, Zona 9.
Teléfono: 379 35 30.
Fax: 379 35 33.
Email: embespgt@correo.mae.es
EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESPAÑA
Calle Rafael Salgado 3, 10° izq..
28036 Madrid, España
Tel (34-91) 3441417,3440347
Fax: (34-91) 4587894
Email: embaguat@lix.intercom.es
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Lic. Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Guatemala Ciudad
Guatemala, C.A.
Fax: +502-2239 0090/ 2221 4537
Sr. Jorge Antonio García Chiu
Viceministro de Energía y Minas
República de Guatemala
Diagonal 17, 29-78, Zona 11, Las Charcas
Fax. +502-2476-3175
Viceministerio2@mem.gob.gt
Señores,
Enterados de los resultados de la consulta sobre minería en Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala, que se efectuó el día 18 de junio de 2005, la Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala con NIF G-58768805 representada por Consol Camí Adell, con DNI número 43 396 571 X, deseamos respaldar, ante y con la comunidad internacional, los resultados de la consulta democrática realizada en Sipacapa, y pedir al Gobierno que los respete. Ante todo, saludamos la expresión pacífica, informada y de buena fe, de la voluntad de la población afectada por el proyecto minero. Reconocemos que la asamblea se desarrolló sin mayor incidente después que las autoridades locales y comunitarias exigieron que se retiraran los elementos antimotines y la policía por ser una provocación innecesaria, siendo los alcaldes auxiliares y otros líderes locales los que mantuvieron el orden.
Consideramos que en el proceso de establecimiento del Proyecto Marlín, tanto el gobierno guatemalteco como la empresa Montana han violado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa e informada según Convenio 169 OIT. El rechazo al proyecto fue confirmado ya en el año 2004 por una encuesta realizada por Vox Latina en nombre de Prensa Libre, donde más del 90% de la población local en San Marcos rechazaba la actividad minera a cielo abierto en sus terrenos.
Compartimos plenamente la gran preocupación de las comunidades de San Marcos ante el hecho de que el Proyecto Marlín amenaza violar sus derechos básicos como el derecho a la alimentación, al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Además, no es entendible por qué la CFI ha concedido un crédito de 45 millones de dólares a la empresa Montana pocos meses después de la publicación del informe “Revisión de Industrias Extractivas” del Sr. Emil Salim, cuya conclusión destaca que el fomento a proyectos extractivos por el BM-CFI ha perjudicado muchas veces la lucha contra la pobreza.
Nos consta que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha revocado la suspensión provisional de la consulta emitida por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Civil, que había dado trámite al recurso de amparo interpuesto por la empresa Montana Exploradora. Consideramos que la decisión era "completamente irregular", ya que el tribunal no tomó las dos semanas habituales para revisar el tema.
Nos consta igualmente que la Corte de Constitucionalidad dió validez a la consulta y dejó sin efecto el Recurso de Amparo interpuesto, citando el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y el artículo 65 del Código Municipal. Por lo tanto, estamos convencidos de que la consulta fue un hecho legal que está respaldado además por el artículo 66 numeral 2 del Código Municipal y el artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y se ampara también en la Constitución Política (Arts. 66, 97, 140, 141 y 253 referente a la Autonomía Municipal), en la Ley de Descentralización (Art.18), en el Código Municipal (Arts. 35 y 65) y en el citado Convenio 169 de la OIT (Arts. 6-15), ratificado por Guatemala, que obliga a los Estados a realizar consulta a los pueblos indígenas sobre aquellos asuntos que les puedan afectar.
Sabemos que a pesar de la campaña de desinformación montada por la empresa Montana, la Consulta se realizó sin contratiempos en las trece aldeas del Municipio siendo organizada por el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE y los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE, con la participación de setenta y cinco (75) observadores nacionales e internacionales; obteniendo los siguientes resultados: dos mil cuatrocientas ochenta y seis (2486) ciudadanos se oponen a la explotación minera en su municipio, treinta y cinco (35) ciudadanos están a favor de la explotación, treinta y dos (32) ciudadanos se abstuvieron de votar y un (1) ciudadano votó en blanco. Estos resultados evidencian que el 99% de la población participante está en contra de la explotación minera. Por todo lo anterior, la consulta debe ser vinculante.
Lamentamos los intentos de la Exploradora Montana y la Corporación Municipal, para desinformar a la población de Sipacapa el día anterior a la consulta, sobre la presunta suspensión de la misma. El 17 de junio utilizando niños de las aldeas, Montana distribuyó volantes, no firmados, informando que la consulta había sido suspendida; además varias radios emitieron esa información y la Corporación Municipal, utilizando la ambulancia del municipio y altoparlante, hizo propaganda de la presunta suspensión. Denunciamos además los serios señalamientos y presiones por parte de la empresa Montana, según informaciones varias de prensa. Es alarmante el ataque intimidante contra la libertad de expresión de la radio “Sipa Estereo” que ha recibido amenazas, avisando que se quemará la radio en venganza por su apoyo en la comunicación entre comunidades a lo largo del día 18 de junio. Nos preocupa que incluso algunos dirigentes sociales que se oponen a la explotación minera en su municipio expresaron haber sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte. Creemos que cualquier institución o empresa extranjera que actúa en territorio guatemalteco debe respetar los derechos humanos de la población.
Estamos muy preocupados sobre la información de que varios ministros en San Marcos hayan tratado de convencer a los alcaldes para que no se involucren en la resistencia contra la minería, amenazando con condicionar la ayuda financiera para las alcaldías a la postura municipal frente al Proyecto Marlín. Esperamos que estos intentos de intimidación hayan sido accidentales y que durante el gabinete móvil en San Marcos en septiembre se confirme la libertad de expresión garantizada en las leyes arriba mencionadas.
Recordamos que el día 21 el Consejo Municipal se comprometió a asumir la decisión del pueblo de Sipacapa y a acompañar a las autoridades comunitarias en sus demandas e impulsar todas las acciones necesarias para que sean respetadas. Cabe destacar algunas de las demandas recogidas en el punto Cuatro del Acta Municipal no. 16-2005, levantada en la Asamblea: A petición de los habitantes del municipio se establece que las autoridades municipales deben establecer los límites de nuestro municipio, reconocer los astilleros municipales, que las oficinas de Montana sean retiradas de este municipio hoy mismo... que los maestros de todas las comunidades financiados por Montana sean retirados... .
Para concluir, consideramos que la población de Sipacapa ejerció el Estado de Derecho de manera cívica y responsable, decisión que es respaldada por el pueblo guatemalteco en general y debe ser respetada por el Gobierno de Guatemala.
Por todo esto, manifestamos nuestro apoyo al pueblo de Sipacapa y su contundente decisión tomada en legítima consulta, y pedimos a las autoridades que respeten las demandas expresadas en ésta:
a) Al Consejo Municipal, que cumpla con los compromisos asumidos el día 21 de junio y que asuma las peticiones de los habitantes de su municipio.
b) A las autoridades nacionales que tomen las medidas necesarias para que la voluntad soberana del pueblo Sipacapense sea respetada - sobre todo al Ministerio de Energía y Minas y al Gobierno -, que se cancelen todas licencias mineras (de reconocimiento, exploración y explotación) dentro del territorio de Sipacapa, y que no otorguen ninguna otra licencia minera que pueda afectar al municipio.
c) A la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold Ltd., que automáticamente cese sus actividades en el municipio de Sipacapa y se retire de inmediato, ya que la actividad minera que realiza no cuenta con el aval de la población.
d) A la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que revise y cancele su crédito otorgado y ya desembolsado a la compañía Montana.
Atentamente,
Consol Camí Adell
DNI: 43 396 571 X
Presidenta de la Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala
NIF: G-58768805
Con copia para:
Sr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de Derechos Humanos (PDH)
12 Av, 12-72, Zona 1
Guatemala Ciudad
smorales@pdh.org.gt, malvarez@pdh.org.gt,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St., N.W.,
Washington D.C., U.S.A. 20006
Fax: +1-202-458-3992
cidhoea@oas.org
Organización Internacional de Trabajo (OIT):
Departamentos de Normas, y de Asuntos Jurídicos
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22, Suiza
normes@ilo.org, jur@ilo.org
OIT - Oficina regional para Centro América (Costa Rica)
Edificio D, 1er piso, Ofiplaza del Este
Barrio Betania, Rotonda de la Bandera 100 m. Oeste
San José, Costa Rica
10170-1000
sanjose@oit.or.cr , sanjose@sjo.oit.or.cr
Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
Persona de contacto:
Pablo Espiniella
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 08
indigenous@ohchr.org
Miloon Kothari
Relator Especial de la ONU para el derecho a la vivienda adecuada
Persona de contacto:
Cecilia Moller
Oficial de Derechos Humanos
Ginebra - Suiza
Fax: +41-22- 917 90 10
cmoller@ohchr.org
Meg Taylor y Amar Inamdar
Ombudsmann de la Corporación Financiera Internacional (CFI-IFC)
World Bank Group
2121 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20433, United States of America
Fax. +1-202-522-7400
cao-compliance@ifc.org
ainamdar@ifc.org
EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA
Dirección: 6a. Calle 6-48, Zona 9.
Teléfono: 379 35 30.
Fax: 379 35 33.
Email: embespgt@correo.mae.es
EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESPAÑA
Calle Rafael Salgado 3, 10° izq..
28036 Madrid, España
Tel (34-91) 3441417,3440347
Fax: (34-91) 4587894
Email: embaguat@lix.intercom.es
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posted by Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala at 10:28 AM
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