- Privatizaciones en Latino America -
Foro Internacional: “La Privatización Eléctrica en América”
"Consecuencias de las privatizaciones en Argentina"
Ponencia presentada Jose Rigane
Secretario General
Federación de Trabajadores de la Energía de la Republica Argentina
FeTERA/CTA
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
21, 22 y 23 de octubre de 2002.
Consecuencias de las privatizaciones
en Argentina
JOSÉ RIGAME
INTRODUCCIÓN.
El sistema aplicó un modelo basado en dos instrumentos para el sometimiento e ir contra el interés nacional: La deuda externa y las privatizaciones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tomaron tres caminos:
1) Las privatizaciones consistieron en una gran sobornación; 2) La apertura de bienes al extranjero, y 3) La falta de límites a la globalización financiera.
El proceso privatizador se caracteriza por: a) Ausencia de marcos regulatorios específicos; b) Constante modificación de las condiciones pactadas; c) Falta o no aplicación de una normativa tendiente a asegurar una adecuada competencia, y d) Inacción y posterior convalidación del incumplimiento de las condiciones de privatización pactadas
El resultado de la privatización de los servicios públicos: Salvaje desnacionalización; fragmentación irracional de sectores íntegros de servicios públicos; concentración y centralización de capitales, haciendo abuso de integraciones monopólicas y oligopólicas, contraviniendo todas las leyes nacionales; un encarecimiento abusivo e irracional, aun en períodos no inflacionarios, de la economía interna (a pesar de que los precios internacionales bajaron); una remesa sin límite de las ganancias al exterior (rentabilidad energética); la libre disposición de las divisas por exportación (el 70% de la venta externa de los hidrocarburos); la falta ilegal de aplicación de retenciones a la exportación de gas natural como lo establece la Ley; incumplimiento en general de las inversiones comprometidas, obligatorias, prometidas antes y durante las privatizaciones; la caída de la calidad de los servicios y que hoy las empresas utilizan como moneda de cambio para aceptar el período de congelamiento de tarifas finales; introducción de un sistema de indexación tarifaria que no considera las tasas de ganancia, sino la variación de algún indicador (no más del 6 al 8 por ciento).
El aumento desusado de tarifas otorgado en los días previos a la privatización (hubo servicios que aumentaron un 700 por ciento).
Argentina pasa a ser, desde entonces, el único país en el mundo que por decisión conjunta de los intereses de una minúscula minoría del poder político y económico local y los grupos multinacionales más concentrados, destruye su propia industria, hasta tal punto, que el valor del producto bruto industrial por habitante, que en 1974, con una población de 24 millones de habitantes y más de 3,800,000 trabajadores industriales, era 30% más alto que el actual. Hoy en día, con una población de 37 millones, la industria no ocupa a más de 1,800,000 trabajadores.
Las herramientas empleadas son las impuestas por el FMI, el BM y el Grupo de los 7 (G-7): la desregulación total, la privatización de las empresas, la desnacionalización de las empresas públicas, la apertura indiscriminada, la convertibilidad, el achicamiento del Estado, el ajuste permanente, el déficit cero, el endeudamiento externo, etcétera.
Situación de los trabajadores. Sus derechos
En el plano laboral, a partir de la aplicación de las políticas neoliberales desarrolladas decididamente desde 1991, podemos decir que se produjo un enorme retroceso en el plano de la Legislación Laboral. No sólo se reglamentó el derecho de huelga, que constitucionalmente no tiene restricciones en Argentina, sino que, además, se modificó por ley la forma de negociación colectiva, creando la posibilidad de la existencia de convenios por empresa y también por sector de trabajo.
La Ley de Reforma Laboral que habilitó estos cambios fue aprobada bajo la sospecha de sobornos que habría pagado el gobierno de De la Rúa a miembros del Senado Nacional, lo que generó una investigación judicial.
La modalidad –también legislada– de realizar contratos de trabajo por tiempo determinado hizo desaparecer, prácticamente, la estabilidad en el empleo.
Se avanzó en la llamada “flexibilización laboral”, que eliminó los oficios, los discriminadores de tareas e, incluso, la jornada legal de trabajo, obligando a los obreros a realizar todo tipo de tareas, de acuerdo a las necesidades del empleador; la multifunción y la polifunción forman parte de las exigencias a los trabajadores para todo servicio.
La precarización laboral generó empleados sin derechos, con contratos en empresas tercerizadas o subcontratadas, donde la responsabilidad contractual no la tiene la empresa que genera el trabajo, sino otra, que muchas veces se constituye para estos fines específicos.
El trabajador “Bis”
En estas condiciones, los trabajadores realizan tareas iguales a las que hacen otros que laboran para la empresa principal del sector (ejemplo: una empresa generadora de energía eléctrica), pero ganan salarios inferiores, tienen un convenio inferior o no tienen otra protección legal que la Ley de Contrato de Trabajo (ley que asegura los derechos laborales básicos); generalmente no están sindicalizados y es poco probable que sean inspeccionados por el Ministerio de Trabajo, ya que el deterioro señalado también incluye la falta de inspectores laborales.
La desprotección de los trabajadores alcanza niveles inéditos: Baja salarial, disminución de la indemnización, movilidad funcional, horario fraccionado, aguinaldo escalonado, jornadas de doce horas, períodos de prueba de un año y limitaciones al derecho de huelga.
Los 108 convenios que homologó el Ministerio de Trabajo durante el año (a octubre del 2001) contenían cláusulas que reducen los derechos de los empleados. El 60% de los convenios firmados en el 2001 redujo el salario de los trabajadores. Algunos aumentaron la duración de la jornada laboral sin contraprestación monetaria.
Cada vez más sindicatos aceptan descender el mínimo de convenio hasta el piso que marca la Ley de Contrato de Trabajo: 200 pesos mensuales.1
La situación de los jubilados
Las jubilaciones pasaron durante el período, de un concepto solidario de reparto, organizado y controlado por el Estado, a otro mixto, donde se desarrollan las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Esta situación perjudica al sistema solidario, permanentemente quebrantado y necesitado de subsidios y elimina la certeza que tenían los trabajadores de que la jubilación estaba asegurada en la vejez. También la desocupación vuelve imposible la jubilación para millones de trabajadores, que habiendo aportado durante muchos años, no pueden cumplimentar los requisitos de la ley de jubilaciones y están condenados a perder sus aportes. Hoy, en Argentina, la mayoría de los trabajadores jubilados ganan 120 pesos por mes, que al cambio actual equivale a 30 dólares.
La desocupación
De los 14 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), menos de 5 millones tienen un empleo asalariado estable, registrado legalmente; de ellas, casi 2 millones pertenecen al sector público. Así, el empleo privado formal comprende ahora un poco más de 3 millones de personas, equivalente a una quinta parte de la población.
La desocupación afecta al 25% de la PEA. Esto, si se toman en cuenta las mediciones oficiales, que consideran que si un trabajador es empleado una hora a la semana, no es desocupado. Tampoco se analiza el caso de un trabajador que realiza tareas no relacionadas con su oficio y no se consideran desocupados a los que periódicamente realizan algunas tareas remuneradas, comúnmente denominadas changas.
Una muestra de la degradación que sufre la Argentina laboral, lo constituye este tipo de trabajo en changas, milusos y que los especialistas llaman “empleo intermitente”. Esta forma de trabajo, que involucra actualmente a cerca de 3 millones y medio de personas, se caracteriza por una remuneración muy baja y de gran variabilidad, y es siempre “en negro”.
Casi el 40% de los empleados trabaja “en negro”; es decir, se trata de los que no cuentan con un recibo de sueldo formal en el que se registren los descuentos correspondientes a jubilación y cargas sociales.
Si se toma en cuenta el empleo total (incluyendo personas que trabajan “por su cuenta”, patrones y otras categorías) el porcentaje de empleo fuera de la Ley es del 27.2 por ciento.
El deterioro laboral afecta en mayor medida a los niños y jóvenes. Como en los hogares pobres viven más niños, casi el 80% de los menores de 14 años son de familias pobres.
Salarios, pobreza e indigencia en la Argentina del 2002
Según los últimos datos oficiales elaborados sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, son pobres el 53% de los argentinos, de los cuales 9 millones son indigentes.
La dinámica de creación de pobreza, tomando los datos de los últimos tiempos, indica que ingresan a la categoría de pobres un total de 16,865 personas por día (una cada 4 segundos). En el último año, 6 millones 150 mil nuevos pobres. Los mayores perjudicados son los niños: el 70% de los infantes del país son pobres. Los pequeños subalimentados que están por debajo de la línea de indigencia suman 2,108,000.
Las razones de tamaño descalabro social radican en el mantenimiento y profundización de los problemas que existían a finales del 2001, como consecuencia del régimen de convertibilidad, agravados por los efectos de la salida devaluacionista adoptada por el gobierno de Duhalde.
En este sentido, el mercado laboral registra tres impactos simultáneos:
1) Destrucción récord del nivel de empleo por profundización del cuadro recesivo de la economía nacional; 2) Mantenimiento de la reducción nominal de los salarios; 3) Caída del salario real y, por lo tanto, del poder adquisitivo, en razón del impacto que tiene la devaluación sobre los precios.
La expansión sistemática de la desocupación es acompañada por el incremento de la pobreza y de la indigencia. En este último aspecto se destaca su intensidad, ya que la indigencia duplica en expansión a la pobreza.
Otro aspecto a considerar es que desde la devaluación, los salarios cayeron un 25 por ciento.
Según datos oficiales, la mitad de los 8 millones de asalariados gana menos de 400 pesos, lo que equivale a unos 110 dólares.
El hecho de que 4 millones de trabajadores ganen menos de 400 pesos explica, en gran medida, el importante aumento de la pobreza que, como se ha dicho, abarca al 53% de la población de Argentina.
El deterioro salarial se explica por varios fenómenos: 1) Más gente gana menos porque se redujeron los salarios en pesos; por la eliminación de horas extra o por la reducción de las horas normales por falta de producción o directamente por suspensiones; 2) El 38.4% de los trabajadores –más de 3 millones– se desempeñan “en negro” y, en esa condición, ganan un 40% menos que los que están trabajando “en blanco”; 3) Creció la desproporción de los puestos de menos calificación y nivel salarial, en detrimento de los empleos industriales o profesionales. Por eso hay más personal “doméstico” que trabajadores en la construcción.
Según estudios publicados por consultoras privadas, la precarización del mercado de trabajo duplicó la cantidad de pobres entre 1995 y el 2000.
El 10% de la población más rica de la capital federal se queda con el 52.6% del ingreso mensual generado, mientras que en el otro extremo, el 10% más pobre participa con tan sólo el 0.3% de la renta.
Esa brecha, de 175.3 veces entre lo que gana uno y otro segmento, es un récord histórico de desigualdad del ingreso (Encuesta Permanente de Hogares –EPH–, Consultora Equis)
La diferencia entre lo percibido por las poblaciones ubicadas en los extremos creció un 95.4% en sólo doce meses; un 141.7% respecto de una década atrás y un 879.3% en comparación con 1974, año de la primera medición.
Además, que el 89% de los nuevos pobres provienen de la clase media (en la capital federal y Gran Buenos Aires, el 60% de los pobres proviene de la clase media). Muchos de estos nuevos pobres componen familias tipo, que tienen al jefe de familia empleado y no ganan más de 500 pesos mensuales, cuando la canasta básica cuesta 1,500.00 pesos. Son los nuevos pobres, que representan al 26.7% de la población total del país.
En Argentina mueren 55 niños por día, muchos de ellos por causas evitables, entre ellas la del hambre; siendo éste un país que con menos de treinta y ocho millones de habitantes produce anualmente alimentos para trescientos cincuenta millones, y estadísticamente se dispone de más de un animal vacuno por habitante.
El índice de mortalidad infantil para Argentina, en el año 2001 se ubicaba en 19 por ciento.2
De mantenerse el rumbo actual, a finales del presente año Argentina tendría 23 millones de pobres (63%), 10.8 millones de indigentes (30%) y 10.5 millones de menores de 18 años por debajo de la línea de pobreza. Esto significaría, sin ninguna duda, la mayor catástrofe social, política, económica y cultural de toda su historia.
1 Fuente: Cash; suplemento económico diario, p. 2, a. 12, n. 601.
2 Fuente: Estado Mundial de la Infancia , UNICEF, 2001.
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"Consecuencias de las privatizaciones en Argentina"
Ponencia presentada Jose Rigane
Secretario General
Federación de Trabajadores de la Energía de la Republica Argentina
FeTERA/CTA
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
21, 22 y 23 de octubre de 2002.
Consecuencias de las privatizaciones
en Argentina
JOSÉ RIGAME
INTRODUCCIÓN.
El sistema aplicó un modelo basado en dos instrumentos para el sometimiento e ir contra el interés nacional: La deuda externa y las privatizaciones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tomaron tres caminos:
1) Las privatizaciones consistieron en una gran sobornación; 2) La apertura de bienes al extranjero, y 3) La falta de límites a la globalización financiera.
El proceso privatizador se caracteriza por: a) Ausencia de marcos regulatorios específicos; b) Constante modificación de las condiciones pactadas; c) Falta o no aplicación de una normativa tendiente a asegurar una adecuada competencia, y d) Inacción y posterior convalidación del incumplimiento de las condiciones de privatización pactadas
El resultado de la privatización de los servicios públicos: Salvaje desnacionalización; fragmentación irracional de sectores íntegros de servicios públicos; concentración y centralización de capitales, haciendo abuso de integraciones monopólicas y oligopólicas, contraviniendo todas las leyes nacionales; un encarecimiento abusivo e irracional, aun en períodos no inflacionarios, de la economía interna (a pesar de que los precios internacionales bajaron); una remesa sin límite de las ganancias al exterior (rentabilidad energética); la libre disposición de las divisas por exportación (el 70% de la venta externa de los hidrocarburos); la falta ilegal de aplicación de retenciones a la exportación de gas natural como lo establece la Ley; incumplimiento en general de las inversiones comprometidas, obligatorias, prometidas antes y durante las privatizaciones; la caída de la calidad de los servicios y que hoy las empresas utilizan como moneda de cambio para aceptar el período de congelamiento de tarifas finales; introducción de un sistema de indexación tarifaria que no considera las tasas de ganancia, sino la variación de algún indicador (no más del 6 al 8 por ciento).
El aumento desusado de tarifas otorgado en los días previos a la privatización (hubo servicios que aumentaron un 700 por ciento).
Argentina pasa a ser, desde entonces, el único país en el mundo que por decisión conjunta de los intereses de una minúscula minoría del poder político y económico local y los grupos multinacionales más concentrados, destruye su propia industria, hasta tal punto, que el valor del producto bruto industrial por habitante, que en 1974, con una población de 24 millones de habitantes y más de 3,800,000 trabajadores industriales, era 30% más alto que el actual. Hoy en día, con una población de 37 millones, la industria no ocupa a más de 1,800,000 trabajadores.
Las herramientas empleadas son las impuestas por el FMI, el BM y el Grupo de los 7 (G-7): la desregulación total, la privatización de las empresas, la desnacionalización de las empresas públicas, la apertura indiscriminada, la convertibilidad, el achicamiento del Estado, el ajuste permanente, el déficit cero, el endeudamiento externo, etcétera.
Situación de los trabajadores. Sus derechos
En el plano laboral, a partir de la aplicación de las políticas neoliberales desarrolladas decididamente desde 1991, podemos decir que se produjo un enorme retroceso en el plano de la Legislación Laboral. No sólo se reglamentó el derecho de huelga, que constitucionalmente no tiene restricciones en Argentina, sino que, además, se modificó por ley la forma de negociación colectiva, creando la posibilidad de la existencia de convenios por empresa y también por sector de trabajo.
La Ley de Reforma Laboral que habilitó estos cambios fue aprobada bajo la sospecha de sobornos que habría pagado el gobierno de De la Rúa a miembros del Senado Nacional, lo que generó una investigación judicial.
La modalidad –también legislada– de realizar contratos de trabajo por tiempo determinado hizo desaparecer, prácticamente, la estabilidad en el empleo.
Se avanzó en la llamada “flexibilización laboral”, que eliminó los oficios, los discriminadores de tareas e, incluso, la jornada legal de trabajo, obligando a los obreros a realizar todo tipo de tareas, de acuerdo a las necesidades del empleador; la multifunción y la polifunción forman parte de las exigencias a los trabajadores para todo servicio.
La precarización laboral generó empleados sin derechos, con contratos en empresas tercerizadas o subcontratadas, donde la responsabilidad contractual no la tiene la empresa que genera el trabajo, sino otra, que muchas veces se constituye para estos fines específicos.
El trabajador “Bis”
En estas condiciones, los trabajadores realizan tareas iguales a las que hacen otros que laboran para la empresa principal del sector (ejemplo: una empresa generadora de energía eléctrica), pero ganan salarios inferiores, tienen un convenio inferior o no tienen otra protección legal que la Ley de Contrato de Trabajo (ley que asegura los derechos laborales básicos); generalmente no están sindicalizados y es poco probable que sean inspeccionados por el Ministerio de Trabajo, ya que el deterioro señalado también incluye la falta de inspectores laborales.
La desprotección de los trabajadores alcanza niveles inéditos: Baja salarial, disminución de la indemnización, movilidad funcional, horario fraccionado, aguinaldo escalonado, jornadas de doce horas, períodos de prueba de un año y limitaciones al derecho de huelga.
Los 108 convenios que homologó el Ministerio de Trabajo durante el año (a octubre del 2001) contenían cláusulas que reducen los derechos de los empleados. El 60% de los convenios firmados en el 2001 redujo el salario de los trabajadores. Algunos aumentaron la duración de la jornada laboral sin contraprestación monetaria.
Cada vez más sindicatos aceptan descender el mínimo de convenio hasta el piso que marca la Ley de Contrato de Trabajo: 200 pesos mensuales.1
La situación de los jubilados
Las jubilaciones pasaron durante el período, de un concepto solidario de reparto, organizado y controlado por el Estado, a otro mixto, donde se desarrollan las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Esta situación perjudica al sistema solidario, permanentemente quebrantado y necesitado de subsidios y elimina la certeza que tenían los trabajadores de que la jubilación estaba asegurada en la vejez. También la desocupación vuelve imposible la jubilación para millones de trabajadores, que habiendo aportado durante muchos años, no pueden cumplimentar los requisitos de la ley de jubilaciones y están condenados a perder sus aportes. Hoy, en Argentina, la mayoría de los trabajadores jubilados ganan 120 pesos por mes, que al cambio actual equivale a 30 dólares.
La desocupación
De los 14 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), menos de 5 millones tienen un empleo asalariado estable, registrado legalmente; de ellas, casi 2 millones pertenecen al sector público. Así, el empleo privado formal comprende ahora un poco más de 3 millones de personas, equivalente a una quinta parte de la población.
La desocupación afecta al 25% de la PEA. Esto, si se toman en cuenta las mediciones oficiales, que consideran que si un trabajador es empleado una hora a la semana, no es desocupado. Tampoco se analiza el caso de un trabajador que realiza tareas no relacionadas con su oficio y no se consideran desocupados a los que periódicamente realizan algunas tareas remuneradas, comúnmente denominadas changas.
Una muestra de la degradación que sufre la Argentina laboral, lo constituye este tipo de trabajo en changas, milusos y que los especialistas llaman “empleo intermitente”. Esta forma de trabajo, que involucra actualmente a cerca de 3 millones y medio de personas, se caracteriza por una remuneración muy baja y de gran variabilidad, y es siempre “en negro”.
Casi el 40% de los empleados trabaja “en negro”; es decir, se trata de los que no cuentan con un recibo de sueldo formal en el que se registren los descuentos correspondientes a jubilación y cargas sociales.
Si se toma en cuenta el empleo total (incluyendo personas que trabajan “por su cuenta”, patrones y otras categorías) el porcentaje de empleo fuera de la Ley es del 27.2 por ciento.
El deterioro laboral afecta en mayor medida a los niños y jóvenes. Como en los hogares pobres viven más niños, casi el 80% de los menores de 14 años son de familias pobres.
Salarios, pobreza e indigencia en la Argentina del 2002
Según los últimos datos oficiales elaborados sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, son pobres el 53% de los argentinos, de los cuales 9 millones son indigentes.
La dinámica de creación de pobreza, tomando los datos de los últimos tiempos, indica que ingresan a la categoría de pobres un total de 16,865 personas por día (una cada 4 segundos). En el último año, 6 millones 150 mil nuevos pobres. Los mayores perjudicados son los niños: el 70% de los infantes del país son pobres. Los pequeños subalimentados que están por debajo de la línea de indigencia suman 2,108,000.
Las razones de tamaño descalabro social radican en el mantenimiento y profundización de los problemas que existían a finales del 2001, como consecuencia del régimen de convertibilidad, agravados por los efectos de la salida devaluacionista adoptada por el gobierno de Duhalde.
En este sentido, el mercado laboral registra tres impactos simultáneos:
1) Destrucción récord del nivel de empleo por profundización del cuadro recesivo de la economía nacional; 2) Mantenimiento de la reducción nominal de los salarios; 3) Caída del salario real y, por lo tanto, del poder adquisitivo, en razón del impacto que tiene la devaluación sobre los precios.
La expansión sistemática de la desocupación es acompañada por el incremento de la pobreza y de la indigencia. En este último aspecto se destaca su intensidad, ya que la indigencia duplica en expansión a la pobreza.
Otro aspecto a considerar es que desde la devaluación, los salarios cayeron un 25 por ciento.
Según datos oficiales, la mitad de los 8 millones de asalariados gana menos de 400 pesos, lo que equivale a unos 110 dólares.
El hecho de que 4 millones de trabajadores ganen menos de 400 pesos explica, en gran medida, el importante aumento de la pobreza que, como se ha dicho, abarca al 53% de la población de Argentina.
El deterioro salarial se explica por varios fenómenos: 1) Más gente gana menos porque se redujeron los salarios en pesos; por la eliminación de horas extra o por la reducción de las horas normales por falta de producción o directamente por suspensiones; 2) El 38.4% de los trabajadores –más de 3 millones– se desempeñan “en negro” y, en esa condición, ganan un 40% menos que los que están trabajando “en blanco”; 3) Creció la desproporción de los puestos de menos calificación y nivel salarial, en detrimento de los empleos industriales o profesionales. Por eso hay más personal “doméstico” que trabajadores en la construcción.
Según estudios publicados por consultoras privadas, la precarización del mercado de trabajo duplicó la cantidad de pobres entre 1995 y el 2000.
El 10% de la población más rica de la capital federal se queda con el 52.6% del ingreso mensual generado, mientras que en el otro extremo, el 10% más pobre participa con tan sólo el 0.3% de la renta.
Esa brecha, de 175.3 veces entre lo que gana uno y otro segmento, es un récord histórico de desigualdad del ingreso (Encuesta Permanente de Hogares –EPH–, Consultora Equis)
La diferencia entre lo percibido por las poblaciones ubicadas en los extremos creció un 95.4% en sólo doce meses; un 141.7% respecto de una década atrás y un 879.3% en comparación con 1974, año de la primera medición.
Además, que el 89% de los nuevos pobres provienen de la clase media (en la capital federal y Gran Buenos Aires, el 60% de los pobres proviene de la clase media). Muchos de estos nuevos pobres componen familias tipo, que tienen al jefe de familia empleado y no ganan más de 500 pesos mensuales, cuando la canasta básica cuesta 1,500.00 pesos. Son los nuevos pobres, que representan al 26.7% de la población total del país.
En Argentina mueren 55 niños por día, muchos de ellos por causas evitables, entre ellas la del hambre; siendo éste un país que con menos de treinta y ocho millones de habitantes produce anualmente alimentos para trescientos cincuenta millones, y estadísticamente se dispone de más de un animal vacuno por habitante.
El índice de mortalidad infantil para Argentina, en el año 2001 se ubicaba en 19 por ciento.2
De mantenerse el rumbo actual, a finales del presente año Argentina tendría 23 millones de pobres (63%), 10.8 millones de indigentes (30%) y 10.5 millones de menores de 18 años por debajo de la línea de pobreza. Esto significaría, sin ninguna duda, la mayor catástrofe social, política, económica y cultural de toda su historia.
1 Fuente: Cash; suplemento económico diario, p. 2, a. 12, n. 601.
2 Fuente: Estado Mundial de la Infancia , UNICEF, 2001.
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posted by Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala at 7:27 AM
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