+ Estado guatemalteco pide perdón +
En Plan de Sánchez, Rabinal, fueron asesinadas 268 personas
Por: Lorena Seijo
http://www.prensalibre.com/pl/2005/julio/18/119069.html
El Gobierno reconocerá hoy su responsabilidad en la masacre de Plan de Sánchez.
El 18 de julio de 1982, en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, el Ejército dio muerte a 268 personas. Como un primer paso de justicia, hoy el Estado de Guatemala pedirá perdón por su responsabilidad en los hechos.
El vicepresidente Eduardo Stein representará al Estado una vez más ante los familiares de las víctimas, quienes fueron masacradas durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt.
La petición de perdón ha sido ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 24 de noviembre de 2004 dictaminó a favor de las víctimas y exigió al Estado el reconocimiento público de la masacre.
El acto se celebrará en el lugar donde ocurrieron los hechos y sin la presencia de un solo militar en el área, por deseo explícito de los supervivientes.
Pedir perdón es el punto más sencillo de la sentencia, pues también se insta al Estado a promover la investigación por la muerte de las 268 personas.
Según el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), el caso de la masacre lleva más de 11 años en el Ministerio Público, sin que hubiera persecución penal contra 17 militares, presuntamente responsables del hecho.
La CIDH ordenó la reparación económica (US$8 millones), atención sicosocial y de salud para los sobrevivientes, algo que todavía no han recibido.
Día de mercado
Cuando ocurrió la matanza era día de mercado en Plan de Sánchez. Habitantes de comunidades cercanas llegaron temprano a hacer sus compras.
A las 14 horas, llegó al lugar un grupo de unos 60 hombres -que vestían uniforme militar y portaban rifles de asalto- y cuatro “judiciales”. Los familiares de las víctimas identificaron luego a estos últimos y a los tenientes Solares y Díaz, quienes dirigían al grupo militar.
Los soldados vigilaban los puntos de entrada a la comunidad, mientras que otros iban de puerta en puerta para reunir a los vecinos.
Unas 20 jóvenes, de entre 12 y 20 años de edad, fueron trasladadas a una casa, donde fueron violadas y luego asesinadas. Se obligó al resto de la población a concentrarse en otra vivienda y el patio adyacente.
A las 17 horas, los soldados arrojaron dos granadas de mano al interior de la casa y luego dispararon. Lo niños fueron golpeados hasta la muerte. Los soldados incendiaron la casa y obligaron a los supervivientes a enterrar los cuerpos en 22 fosas comunes.
Ahora, la población dará una muestra de tolerancia al aceptar la petición de perdón del Gobierno.
“Lo primero es la justicia”
Juan Manuel Jerónimo es uno de los supervivientes de la masacre. A pesar de haber perdido a toda su familia ese día, aún tiene fuerzas para demandar justicia. “Sabemos que el actual gobierno no fue el responsable de los hechos, pero sí tiene el deber de hacer que se juzgue a los culpables”, afirmó.
Los habitantes de Plan de Sánchez han sido amenazados por llevar el proceso a los tribunales, pero aún así no se rinden. Jerónimo aún no puede creer que a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana, el Ministerio Público siga sin actuar.
Sobrevivió escondido
Ernesto* tenía 25 años cuando los soldados llegaron a su aldea y mataron a toda su familia. Su madre enferma, desde la cama, le dijo que fuera a esconderse. Oculto a 200 metros de su casa, fue testigo de la masacre.
“A los niños no los mataron con las armas, lo hicieron a golpes”, afirmó Ernesto. Sus hermanas fueron violadas y después quemadas. A las 7 horas del día siguiente volvió al pueblo.
“Nos obligaron a abrir 22 fosas para enterrar a nuestra familia, como perros”, dijo. “Aún encontré a una mujer viva, pero la llegaron a matar al hospital”, relató.
Resolución 2004: La sentencia del CIDH determina
El Estado de Guatemala debe promover que se juzgue a los culpables de la masacre.
Debe traducirse al achi la sentencia y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Acto de reconocimiento público en Plan de Sánchez y petición de perdón del Estado.
Ayuda para reparación sicosocial, proyectos de salud y de infraestructura.
Los fondos que debe aportar el Estado son US$8 millones.
También se debe invertir en proyectos de vivienda.
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